Recuperación del IVA repercutido en caso de impago total o parcial de facturas.

Recuperación del IVA repercutido en caso de impago total o parcial de la factura

Supuesto de deudor que no se encuentra en concurso de acreedores

La ley del IVA, en su artículo 80, contempla varios supuestos en los que resulta posible rectificar aquellas facturas que, habiendo sido emitidas y declaradas en la correspondiente autoliquidación, resultan impagadas por nuestro cliente.

Lo primero que debe considerarse, conforme al Art. 80, apartado 4º, de la Ley del IVA es  cuando se reconoce, a los efectos de poder modificar la base imponible, que el crédito resulte total o parcialmente incobrable.

Según este artículo, esto ocurrirá cuando se den las siguientes condiciones:

  • Como norma general, se exige que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquellas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del impuesto repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a un año.

    En el caso de que  el acreedor  sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones no hubiera excedido durante el año anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo podrá ser de seis meses o un año.

    Una vez transcurridos dichos plazos, la modificación, mediante la emisión de la correspondiente factura rectificativa, deberá realizarse en el plazo de tres meses.  Por lo tanto, para aquellos cuyo volumen de operaciones supere los 6.010.121,24€ la emisión de la factura deberá realizarse  en los tres meses siguientes al cumplimiento del plazo de un año. En el caso de aquellos que no alcancen dicho volumen de operaciones, podrán optar por modificar la base imponible en el plazo de los tres meses siguientes al cumplimiento del plazo de seis meses desde el devengo de la operación.

    Como caso especial se encuentra el de aquellas operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja. En estos casos para poder considerar cumplida la condición habrá que esperar al 31 de diciembre del año inmediato posterior al de realización de la operación. Recordemos que en estos supuestos, la declaración de las cuotas repercutidas e impagadas debe realizarse en dicha fecha necesariamente, contándose a partir de la misma los plazos para poder modificar la base imponible.

    • Que la factura impagada esté registrada en los libros fiscales y contables legalmente exigibles para este Impuesto.
    • Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquella, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros.
    • Que el sujeto pasivo haya instado su cobro al deudor mediante reclamación judicial o por medio de requerimiento notarial, incluso aunque se trate de créditos afianzados por Entes públicos. Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la reclamación judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la condición anterior, se sustituirá por una certificación expedida por el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de aquél en el que conste el reconocimiento de la obligación a cargo del mismo y su cuantía.

    Con carácter general, y a salvo de alguna excepción, no se podrá modificar la base imponible cuando, en general, el crédito esté especialmente garantizado (Art. 80.5 de la Ley del IVA).

    Existen determinados supuestos en los que no es posible modificar la base imponible, pese a tratarse de operaciones impagadas total o parcialmente:

    • Créditos garantizados o afianzados.
    • Créditos entre entidades o personas vinculadas.
    • Cuando el destinatario de la operación esté establecido fuera del territorio de aplicación del impuesto, Ceuta, Melilla o Canarias.
    • Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada.
    • Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte afianzada o asegurada.

    Por último, señalar que en este supuesto en el que el deudor no se encuentra en concurso de acreedores, es obligatorio, a partir de la emisión de la factura rectificativa, realizar los mismos pasos que en el caso de concurso de acreedores, en lo referente a la remisión al deudor de la factura, y comunicación  a la Administración tributaria, con la peculiaridad de que, en dicha comunicación  el acreedor deberá hacer constar, que el deudor no ha sido declarado en concurso o, en su caso, que la factura rectificativa expedida es anterior a la fecha del auto de declaración del concurso.

    En el caso de que el sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor o llegue a un acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento notarial efectuado, como consecuencia de éste o por cualquier otra causa, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la expedición, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento o desde el acuerdo de cobro, respectivamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.

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