El tribunal de la Unión Europea considera que la reforma de ley hipotecaria es abusiva y deja en posición de inferioridad a los afectados frente a los bancos.

El tribunal de la Unión Europea considera que la reforma de ley hipotecaria es abusiva y deja en posición de inferioridad a los afectados frente a los bancos.

En marzo del año pasado los jueces de Luxemburgo emitieron críticas sobre la ley hipotecaria y dictaminaron que los jueces españoles podían suspender cautelarmente las ejecuciones hipotecarias, o lo que es lo mismo, paralizar los desahucios, mientras se determina si el contrato de préstamo incluye o no cláusulas abusivas.

Para cumplir con los requerimientos de Europa, el Gobierno reformó la ley hipotecaria meses después, reforma que a Luxemburgo no ha parecido suficiente, el Tribunal Europeo considera que los usuarios quedan en posición de inferioridad y desfavorecidos frente al banco en el régimen de recursos a las resoluciones judiciales y pide a España que modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil (del año 2000) con el objetivo de que todas las personas inmersas en procesos de ejecución puedan oponerse en el caso de una resolución judicial desfavorable. Y es que hasta ahora, el deudor que alegaba que su préstamo incluía cláusulas abusivas no podía recurrir en caso de resolución contraria, sin embargo, el banco sí que podía interponer recurso.

La sentencia tiene su origen en una cuestión prejudicial planteada por el presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón el dos de abril de 2014 en relación a las posibilidades que tiene una persona afectada por una ejecución hipotecaria a recurrir sentencias. Consulta derivada de un pleito entre dos particulares y la entidad bancaria, según informa Europa Press, entendió el tribunal de Castellón que el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre oposición a la ejecución, en su punto 4, tiene una redacción incorrecta en tanto supone diferentes oportunidades para oponerse a una sentencia desfavorable entre el ejecutante (el banco) y ejecutado (el deudor).

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que para subsanar la cuestión es necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

Fuente: elpais.com

 
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