¿ES POSIBLE LA DEDUCCIÓN DEL IVA SOPORTADO SIN FACTURA?

Aplazar Deudas con Seguridad SocialTradicionalmente, existe una polémica entre la firme posición de la Administración Tributaria en la exigencia de factura completa para el ejercicio del derecho a la deducción del IVA soportado en sus operaciones, con la más flexible aplicada en diversas ocasiones por nuestros Tribunales.

El origen del conflicto lo encontramos en  el artículo 97 de la ley 37/1992 del IVA que fija como requisitos para el ejercicio del derecho a la deducción, el que el contribuyente se encuentre en posesión de alguno de los siguientes documentos:

1º.   La factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio o, en su nombre y por su cuenta, por su cliente o por un tercero, siempre que, para cualquiera de estos casos, se cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

 2º.  La factura original expedida por quien realice una entrega que dé lugar a una adquisición intracomunitaria de bienes sujeta al impuesto, siempre que dicha adquisición esté debidamente consignada en la declaración-liquidación a que se refiere el número 6.º del apartado uno del artículo 164 de esta ley.

 3º.  En el caso de las importaciones, el documento en el que conste la liquidación practicada por la Administración o, si se trata de operaciones asimiladas a las importaciones, la autoliquidación en la que se consigne el Impuesto devengado con ocasión de su realización.

 A la vista de este precepto, parece que solo estos documentos habilitarían al contribuyente que ha soportado el IVA en alguna operación para poder deducir este impuesto en su declaración. Sin embargo, la rigidez  que parece reflejarse de la norma, y su excesivo formalismo , ha sido atemperado por los Tribunales en repetidas ocasiones, en las que  frente a este criterio estricto, y ante situaciones en las que queda acreditada la realización de la operación gravada y la repercusión de la correspondiente cuota, reconocen el derecho a la deducción del IVA aún cuando el sujeto pasivo no esté en posesión de la oportuna factura que documente la operación.

Son muchos los supuestos en los que así  se han pronunciado nuestros Tribunales, sirviendo como ejemplo las Sentencias que se resumen a continuación:

Así, la reciente Sentencia de 10 de marzo de 2014 de nuestro Tribunal Supremo señala que:

 “habiéndose incumplido por la entidad un requisito formal para ejercer su derecho a la deducción, como lo es estar en posesión de las correspondientes facturas, pero corroborándose que la Administración tributaria contaba con los datos necesarios para garantizar la percepción fiable y eficaz del Impuesto, no cabe negarle el derecho a deducir las cuotas del Impuesto devengadas en las entregas de terrenos efectuadas por sus propietarios, para dar cumplimiento del contrato de permuta por las obras de urbanización que había realizado para ellos”

 En el mismo sentido, la Sentencia de 30 de enero de 2014, señala:

 “Así pues, existe prueba suficiente acreditativa del cumplimiento por la recurrente de sus obligaciones fiscales, quedando demostrado que abonó el IVA que se le repercutió por el vendedor, de modo que queda suplida convenientemente la ausencia de factura, sin ser posible exagerar la exigencia de ésta hasta llegar a mantener posiciones tan restrictivas o formalistas que supongan la pérdida de la posibilidad de ejercitar el derecho a la deducción, pues no debe olvidarse que la factura no es un elemento constitutivo de este derecho, sino un mero y simple requisito para poder ejercerlo, que puede ser suplido por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho. El principio de neutralidad fiscal exige que se conceda la deducción de la cuota soportada si se cumplen los requisitos materiales requeridos por la ley, como es el caso presente, en que se ha probado de forma idónea tal circunstancia.”

Sin embargo, lo anterior no debe entenderse como una “exención”  de la obligación de cumplir con los requisitos formales establecidos en la Ley del IVA para el ejercicio del derecho a la deducción. La realidad es que en vía administrativa, el criterio continúa siendo, por el momento, el de la estricta aplicación de la ley, por lo que la exigencia de la factura continúa teniendo una indudable trascendencia como requisito de deducción.

No obstante, la línea Jurisprudencial abierta desde hace ya algunos años, permite afirmar que ante situaciones en las que por diversos motivos, resulte de imposible aportación la factura exigida por la norma, pero pueda acreditarse la realidad de la operación realizada por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, el derecho a la deducción  resulta plenamente ejercitable por el contribuyente, quien podrá amparar su actuación  en la reiterada Jurisprudencia al respecto.

 A tenor de lo anterior, la aplicación de los criterios  fijados por  nuestra Jurisprudencia permitiría, en caso de duda, defender frente a la Administración la postura del contribuyente ante la hipotética aplicación de sanciones como consecuencia de la deducción practicada, a tenor de lo establecido en el artículo  179.1.d de  la Ley General Tributaria.

 
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