Artículo para la Categoría Sentencias sobre Cláusula Suelo

Reclamación de los gastos derivados de operaciones de prestamo hipotecario

RECLAMACIÓN DE LOS GASTOS DERIVADOS DE OPERACIONES DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO

La sentencia 705/2015 de 23 de diciembre del Tribunal Supremo, abre la vía al consumidor para reclamar la devolución de los gastos satisfechos con motivo de la concesión de préstamos hipotecarios, en aquellos casos en los que la entidad prestamista impone en el clausulado del préstamo el pago al prestatario  de aranceles notariales y registrales, impuesto de actos jurídicos documentados, gestoría y tasación hipotecaria.  En estos casos, a partir de dicha sentencia y de otras posteriores de distintas Audiencias Provinciales,  es posible ya recuperar el importe satisfecho en exceso.

EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA

La sentencia se pronuncia sobre el recurso de casación interpuesto por la entidad financiera BBVA y BANCO POPULAR ESPAÑOL SA contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de  26 de julio de 2013, que, entre otras cuestiones,  declaraba nula  la siguiente cláusula, inserta en un contrato de préstamo hipotecario:

Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división, segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía, siendo igualmente a su cargo las primas y demás gastos correspondientes al seguro de daños, que la parte prestataria se obliga a tener vigente en las condiciones expresadas en la cláusula 11ª.

La parte prestataria faculta al banco para suplir los gastos necesarios para asegurar la correcta inscripción de la hipoteca que en este acto se constituye y de los títulos previos a esta escritura, así como los gastos derivados de la cancelación de cargas y anotaciones preferentes a dicha hipoteca. Los gastos suplidos podrán ser cargados en cuenta a la parte prestataria en la forma y condiciones que se indican al final de esta cláusula.

 Los mencionados servicios complementarios que, a solicitud de la parte prestataria, el Banco decida libremente realizar, serán facturados por éste con arreglo a las tarifas de comisiones y gastos que tenga vigentes el Banco en el momento de dicha solicitud. En todo caso, se considerará que constituyen un servicio objeto de facturación los trabajos de preparación de antecedentes que deba realizar el Banco para el otorgamiento de la escritura de cancelación de hipoteca.

La parte prestataria queda obligada a satisfacer y resarcir al Banco cuantos daños, perjuicios, costas y gastos procesales o de otra naturaleza, se generen u originen al Banco por incumplimiento del contrato o para el cobro del crédito, incluyendo los gastos y costes directos o indirectos, causados por las actuaciones del Banco que tengan por objeto la reclamación de la deuda (tales como, en especial, los requerimientos de pago por correo, teléfono, telegrama, notariales), así como los derivados de los procedimientos judiciales o extrajudiciales motivados por todo ello, incluidos los honorarios de Abogado y Procurador aún cuando su intervención en las actuaciones y procedimientos judiciales o extrajudiciales no fuere preceptiva.

El Banco queda facultado para cargar en cuenta o reclamar en cualquier momento a la parte prestataria cuantas cantidades se le adeuden por los conceptos antes indicados. Las cantidades así adeudadas al BANCO devengarán, desde la fecha en que éste las hubiera satisfecho y sin necesidad de reclamación, intereses de demora con arreglo a la cláusula 6ª, y quedarán garantizadas con arreglo a la cifra prevista para gatos y costas en la cláusula 9ª”.

El Tribunal Supremo, en su sentencia, parte de lo establecido en el artículo 89.3 de la Ley de consumidores y usuarios. Este artículo califica como cláusulas abusivas, en todo caso, tanto “La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al empresario”.  Dicha norma viene referida específicamente a los contratos de compraventa de vivienda. No obstante, el Tribunal entiende que la financiación es una faceta o fase de dicha adquisición, por lo que  aplica dicha norma a los contratos de préstamo hipotecario.

 Así, respecto a los aranceles notariales y registrales, la sentencia señala que quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo.  Partiendo de esta premisa el Tribunal considera  que se trata de una estipulación que ocasiona al cliente consumidor un desequilibrio relevante, que no hubiera aceptado razonablemente en el marco de una negociación individualizada; y que, además, aparece expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica como abusivas

Respecto al impuesto de actos jurídicos documentados, el Tribunal Supremo señala:

“La entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre la otra parte contratante. En su virtud, tanto porque contraviene normas que en determinados aspectos tienen carácter imperativo, como porque infringe el art. 89.3 c) TRLGCU, que considera como abusiva la estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario, la declaración de nulidad efectuada por la Audiencia es plenamente ajustada a derecho.

La cláusula anulada incluye además otros gastos cuyo pago se impone al consumidor, entre los que se incluyen los gastos necesarios para asegurar la correcta inscripción de la hipoteca, los gastos derivados de la cancelación de cargas y anotaciones preferentes a dicha hipoteca, y a modo de cláusula de cierre “todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras”, además de los posibles gastos judiciales derivados de incumplimientos del clausulado del contrato por parte del consumidor prestatario. También se declara nula la cláusula en lo que se refiere a dichos gastos.

Desde Zanón & Gil ASOCIADOS, le ofrecemos los servicios de nuestro equipo de abogados, especialistas en derecho bancario, con el objetivo de lograr la recuperación total de su dinero.

 


CLÁUSULA SUELO – Nueva Sentencia del TJUE

Novedad: Sentencia sobre Cláusula Suelo del TJUE

NOVEDAD: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 y sus efectos

 

El pasado día 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó Sentencia en respuesta a diversas cuestiones prejudiciales planteadas por varias Audiencias Provinciales españolas, en las que se planteaba la cuestión de si, de acuerdo con la normativa comunitaria, cabe la posibilidad de que un Tribunal  español anule la cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario  y no acceda a la devolución  de las cantidades indebidamente satisfechas por el cliente de la entidad bancaria.

La respuesta del Tribunal Europeo es clara en el sentido de señalar que la nulidad de la cláusula suelo implica necesariamente la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas como consecuencia de su aplicación.

La aplicación de esta Sentencia abre para el afectado por la aplicación de las cláusulas suelo diversas vías de solución para la recuperación de las cantidades pagadas indebidamente. (Consultar la sentencia completa).

Desde nuestro despacho, tras varios años en los que hemos adquirido una amplia experiencia en el planteamiento de demandas relativas a cláusulas suelo, le ofrecemos el apoyo y asesoramiento  necesario para conseguir  la devolución de lo pagado de más, tanto en aquellos casos en los que resulte viable la negociación extrajudicial, como en aquellos en los que sea necesario el  recurso a la vía judicial.

A continuación damos respuesta a las consultas más frecuentes que nos hacen a diario en nuestro despacho sobre la cláusula suelo:

¿QUÉ ES LA CLÁUSULA SUELO Y CUAL ES SU EFECTO?

¿A QUIEN AFECTA LA SENTENCIA?

¿QUÉ IMPORTES PUEDO RECLAMAR?

¿ES NECESARIO ACUDIR A LA VÍA JUDICIAL? ¿ EN QUÉ CONSISTE?

¿DEBEN DEVOLVERME EL DINERO EN EFECTIVO?

¿QUÉ OCURRE SI EXISTE YA UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN CURSO SOBRE ESTE TEMA?

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO FISCAL DE LAS DEVOLUCIONES?

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE DESDE NUESTRO DESPACHO?

 

Demanda Clausula Suelo

La Audiencia Provincial de Valencia se pronuncia sobre la retroactividad de la nulidad de la cláusula suelo, concediendo la devolución de la totalidad de las cuotas indebidamente abonadas por el cliente

La Audiencia Provincial de Valencia se pronuncia sobre la retroactividad de la nulidad de la cláusula suelo, concediendo la devolución de la totalidad de las cuotas indebidamente abonadas por el cliente

Anulada Clausula Suelo en ValenciaCon fecha 9 de junio de 2014, la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado sentencia por la que estima el recurso interpuesto en el que se discutía los efectos de la nulidad de la cláusula suelo incluida en un préstamo hipotecario.

 Como consecuencia de esta sentencia la entidad deberá abonar al cliente la totalidad de las cuotas abonadas en exceso.

Se da la circunstancia de que la entidad demandada era precisamente una de las entidades afectadas por la conocida sentencia  del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, en concreto la actual Caja Mar, por lo que se abre la puerta  a todos aquellos que,aún viendo eliminada la cláusula a partir de esta sentencia, no obtuvieron la devolución de lo pagado hasta ese momento.

 La diferencia fundamental que encuentra el Tribunal Valenciano entre este supuesto y el planteado ante el Tribunal Supremo es el tipo de acción emprendida,ya que mientras en este caso se trata de una acción individual de nulidad, en el caso del Tribunal Supremo se trataba de una acción colectiva de cesación.