Artículo para la Categoría Asesoría Fiscal en Valencia

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Novedad Reforma del Trabajo Autónomo – Deducibilidad de Determinados Gastos

¡NOVEDAD!

Reforma del Trabajo Autónomo – Deducibilidad de Determinados Gastos en IRPF

El pasado día 25 de octubre de 2017, se publicó en el BOE la Ley 6/2017, de reformas urgentes del trabajo autónomo. Esta norma introduce dos importantes novedades al clarificar el régimen de deducibilidad de determinados gastos en el IRPF a partir de enero de 2018:

Suministros domésticos:

Para todos aquellos trabajadores autónomos que realicen su actividad  desde casa, constando esta circunstancia ante la Agencia Tributaria a través de la correspondiente declaración censal, será posible deducir un 30% de los suministros de electricidad, gas, agua, telefonía e internet de la parte de la vivienda afecta a la actividad. Esta parte afecta será aquella que se haya declarado como superficie afecta en la declaración censal correspondiente.

Hasta la fecha este tipo de desgravaciones era fuente de conflicto ante la Agencia Tributaria, al entender la Dirección General de Tributos que solo era posible dicha desgravación en caso de disponer de contadores separados, algo que no es lo habitual en este tipo de situaciones.

Gastos por manutención:

Por otro lado, el trabajador autónomo podrá deducirse en concepto de gastos de dietas y manutención 26,67 euros diarios (48,08  euros en el extranjero). Dicha posibilidad no es automática, sino que se encuentra sujeta a determinados requisitos:

  • Que dichos gastos se deban al desarrollo de la actividad económica.
  • Que tengan lugar en establecimientos de restauración y hostelería
  • Que se paguen por medios electrónicos. A la hora de acreditar la realidad de este tipo de gastos, aunque la norma no lo señala expresamente, la Agencia Tributaria exige la existencia de factura a nombre del destinatario del gasto.

 

Novedades tributarias R.D.-Ley 3/2016

Novedades tributarias RNueva Reforma Fiscaleal Decreto Ley 3/2016

El pasado día 3 de diciembre entró en vigor el Real Decreto Ley 3/2016, mediante el que se aprueban una serie de medidas de ámbito tributario y social, destacando por su gran número de afectados lo referido al aplazamientos de impuestos, regulado en su artículo 6. Esta norma establece la imposibilidad de aplazar las siguientes deudas tributarias:

“e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimadas dictadas en recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.

f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutido salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.

g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del impuesto sobre Sociedades.

El punto f se refiere a la imposibilidad de aplazar el IVA, incluso en la autoliquidación correspondiente al cuarto trimestre de 2016 (a presentar entre el día 1 y el 30 de enero de 2017. Tras la publicación de éste Real Decreto no cabe ya solicitar y obtener el aplazamiento de este tipo de deudas. La norma se justifica en el hecho de que las cuotas de IVA que se declaran han sido, en principio, objeto de cobro por parte del emisor de la factura, por lo que se presupone que existe la liquidez necesaria para su declaración e ingreso. Por ello, el legislador ha querido permitir el aplazamiento, únicamente, en aquellos casos en los que se justifique el impago de las cuotas de IVA que son objeto de declaración.

Con esta nueva restricción en materia de aplazamientos, y considerando que las retenciones tampoco pueden ser ya objeto de aplazamiento, la posibilidad de aplazar respecto  a los principales tributos (IVA, IRPF y sociedades), queda limitada al IRPF dentro de las condiciones establecidas en su propia normativa y en principio las deudas derivadas del impuesto de sociedades en su declaración anual. Aunque, cabe decir, que respecto a éste último impuesto, la nueva normativa establece una nueva limitación parece que referida a los pagos fraccionados del impuesto de sociedades. La redacción del apartado g del artículo 6 da lugar a dudas de interpretación, ya que,  aunque parece que su espíritu es del de prohibir el aplazamiento de pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades, la terminología que utiliza permitiría excluir cualquier aplazamiento, relativo a cualquier obligación tributaria, de toda sociedad, dado que  todo sujeto pasivo del impuesto de sociedades está, en principio, obligado a realizar pagos fraccionados por dicho impuesto (artículo 45 de la ley del impuesto). No parece que sea esa la idea con la que surge la norma, pero, como decimos, habrá que estar a la interpretación que de la misma se haga en próximas fechas.

Por otro lado, señalar que la fuerte presión de diversos grupos sociales durante los últimos días,  derivada del gran número de personas y entidades que se verán afectados por esta modificación normativa,  ha supuesto que en diversos medios de comunicación se publiquen noticias sobre una posible limitación de los efectos de esta norma, que permitiría aplazar las deudas de hasta 30.000 euros para autónomos durante un año.  Desconocemos si estas noticias han sido o no contrastadas con la debida precisión, por lo que, a fecha de hoy y estando al tenor literal de lo publicado en el BOE el pasado 3 de diciembre, reiteramos que no es posible el aplazamiento de deudas  derivadas  IVA, con las únicas excepciones que las indicadas más arriba.

Cualquier nueva modificación sobre esta reforma, será objeto de nueva comunicación tan pronto entre en vigor.

Igualmente, otra de las noticias de las que se han hecho eco los medios de comunicación en los últimos días, es la relativa a la limitación de pagos en efectivo, que hasta la fecha se refería a cantidades superiores a 2.500 euros y que presumiblemente quedará fijada en breve en la cifra de 1.000 euros. Esta noticia no tiene respaldo en ninguna norma publicada, por el momento, por lo que habrá que esperar para conocer su contenido exacto y la fecha de entrada en vigor.

Fdo. Álvaro Zanón Reyes

 

Nueva Ayuda para Autónomos – Valencia 2016

NUEVA AYUDA PARA AUTÓNOMOS EN VALENCIA

 

ayudas-autonomos-valencia

El Ayuntamiento de Valencia, a través de “València Activa Emprén 2016”,  ha dictado las ayudas destinadas a financiar las altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (en lo sucesivo RETA) en la ciudad de Valencia.

 

 ¿Quienes pueden solicitar las ayudas?

Todas aquellas personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles cuyo inicio de la actividad empresarial y el alta en el RETA hayan sido entre el 19 de junio de 2015 y la fecha final de presentación de solicitudes.

Como requisito esencial es que el que cause alta en el RETA debe ser de una persona que no haya estado de alta en dicho régimen en los últimos 6 meses.

 ¿Cuál es el plazo de solicitud?

El plazo será del 20 de septiembre al 19 de octubre de 2016.

 ¿Cuál es el importe de la ayuda?

Se concederá una cuantía fija de 3.000€ en concepto de lanzamiento a cada una de las empresas seleccionadas, que se puede incrementar según:

a) En 500 euros cuando la persona cuya alta en el RETA motive la solicitud de subvención pertenezca a uno de los siguientes colectivos:

  • Haber permanecido inscrita como demandante de empleo durante 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha de alta en el RETA.
  • Hasta 30 años a la fecha del alta en el RETA.
  • A partir de 45 años a la fecha del alta en el RETA.
  • Que puedan acreditar un grado de discapacidad de al menos el 33%.

b) En 1.000 €, cuando el proyecto empresarial haya obtenido el certificado de aprovechamiento del Programa de Creación de Empresas 2015 organizado por el Ayuntamiento de Valencia.

 


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Recuperación del IVA repercutido en caso de impago total o parcial de facturas.

Recuperación del IVA repercutido en caso de impago total o parcial de la factura

Supuesto de deudor que no se encuentra en concurso de acreedores

La ley del IVA, en su artículo 80, contempla varios supuestos en los que resulta posible rectificar aquellas facturas que, habiendo sido emitidas y declaradas en la correspondiente autoliquidación, resultan impagadas por nuestro cliente.

Lo primero que debe considerarse, conforme al Art. 80, apartado 4º, de la Ley del IVA es  cuando se reconoce, a los efectos de poder modificar la base imponible, que el crédito resulte total o parcialmente incobrable.

Según este artículo, esto ocurrirá cuando se den las siguientes condiciones:

  • Como norma general, se exige que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquellas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del impuesto repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a un año.

    En el caso de que  el acreedor  sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones no hubiera excedido durante el año anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo podrá ser de seis meses o un año.

    Una vez transcurridos dichos plazos, la modificación, mediante la emisión de la correspondiente factura rectificativa, deberá realizarse en el plazo de tres meses.  Por lo tanto, para aquellos cuyo volumen de operaciones supere los 6.010.121,24€ la emisión de la factura deberá realizarse  en los tres meses siguientes al cumplimiento del plazo de un año. En el caso de aquellos que no alcancen dicho volumen de operaciones, podrán optar por modificar la base imponible en el plazo de los tres meses siguientes al cumplimiento del plazo de seis meses desde el devengo de la operación.

    Como caso especial se encuentra el de aquellas operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja. En estos casos para poder considerar cumplida la condición habrá que esperar al 31 de diciembre del año inmediato posterior al de realización de la operación. Recordemos que en estos supuestos, la declaración de las cuotas repercutidas e impagadas debe realizarse en dicha fecha necesariamente, contándose a partir de la misma los plazos para poder modificar la base imponible.

    • Que la factura impagada esté registrada en los libros fiscales y contables legalmente exigibles para este Impuesto.
    • Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquella, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros.
    • Que el sujeto pasivo haya instado su cobro al deudor mediante reclamación judicial o por medio de requerimiento notarial, incluso aunque se trate de créditos afianzados por Entes públicos. Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la reclamación judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la condición anterior, se sustituirá por una certificación expedida por el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de aquél en el que conste el reconocimiento de la obligación a cargo del mismo y su cuantía.

    Con carácter general, y a salvo de alguna excepción, no se podrá modificar la base imponible cuando, en general, el crédito esté especialmente garantizado (Art. 80.5 de la Ley del IVA).

    Existen determinados supuestos en los que no es posible modificar la base imponible, pese a tratarse de operaciones impagadas total o parcialmente:

    • Créditos garantizados o afianzados.
    • Créditos entre entidades o personas vinculadas.
    • Cuando el destinatario de la operación esté establecido fuera del territorio de aplicación del impuesto, Ceuta, Melilla o Canarias.
    • Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada.
    • Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte afianzada o asegurada.

    Por último, señalar que en este supuesto en el que el deudor no se encuentra en concurso de acreedores, es obligatorio, a partir de la emisión de la factura rectificativa, realizar los mismos pasos que en el caso de concurso de acreedores, en lo referente a la remisión al deudor de la factura, y comunicación  a la Administración tributaria, con la peculiaridad de que, en dicha comunicación  el acreedor deberá hacer constar, que el deudor no ha sido declarado en concurso o, en su caso, que la factura rectificativa expedida es anterior a la fecha del auto de declaración del concurso.

    En el caso de que el sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor o llegue a un acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento notarial efectuado, como consecuencia de éste o por cualquier otra causa, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la expedición, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento o desde el acuerdo de cobro, respectivamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.

Recuperación del IVA repercutido en caso de impago total o parcial de la factura. Supuesto de Deudor en Concurso de Acreedores:

Recuperación del IVA repercutido en caso de impago total o parcial de la factura: Supuesto de deudor en concurso de acreedores

 

La ley del IVA, en su artículo 80, contempla varios supuestos en los que resulta posible rectificar aquellas facturas que, habiendo sido emitidas y declaradas en la correspondiente autoliquidación, resultan impagadas por nuestro cliente.

En el caso de que nuestro deudor se encuentre en situación de Concurso de Acreedores, el Art. 80.3 de la Ley del IVA, señala que “la base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo de dos meses contados a partir del fin del plazo máximo fijado en el número 5º del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, de la Ley Concursal”.

Dicho artículo, señala que “el llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del auto de declaración de concurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 23”. Por lo tanto, en caso de que el deudor se encuentre en concurso de acreedores, el plazo para poder realizar la modificación de la base imponible mediante la emisión de la correspondiente factura rectificativa será de 3 meses, contados desde el día siguiente a la publicación  en el BOE  de la declaración del concurso.

Una vez realizada la modificación de la base imponible mediante la emisión de la correspondiente factura rectificativa, dicha corrección, deberá  quedar reflejada  en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se ejerció la deducción, tal y como señala el artículo 114.Dos.2º, segundo de la ley del IVA.

Una vez expedida la correspondiente factura rectificativa de la inicial que ha resultado impagada, existe obligación de enviar al destinatario de las operaciones dicha factura en la que se rectifique la cuota repercutida. Igualmente se establece la obligación de remitir la mencionada factura a la administración concursal. Esta factura rectificativa además de contener los datos de cualquier otra factura, deberá incorporar los siguientes:

  • Número de serie especial.
  • Hará constar su condición de documento rectificativo y el motivo de la rectificación.
  • Deberá contener los datos identificativos de la factura o documento sustituido, así como la rectificación efectuada.

 La emisión de la factura rectificativa también deberá comunicarse a la Administración Tributaria, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de expedición de la misma.

En dicha comunicación se hará constar la modificación de la base imponible que se ha llevado a cabo, reflejando en la misma que no se refiere a créditos garantizados, afianzados o asegurados, a créditos entre personas o entidades vinculadas, ni a operaciones cuyo destinatario no está establecido en el territorio de aplicación del impuesto ni en Canarias, Ceuta o Melilla. Deberá aportarse copia de la factura rectificativa, con indicación de la fecha de expedición de la factura rectificada.

A partir del RD 828/2013, de 25 de octubre se exige al acreedor, como condición para la modificación de la base imponible, la acreditación de la remisión de la factura rectificativa al destinatario.

La reducción de la base imponible del impuesto obligará al destinatario de la operación (deudor) a practicar la minoración oportuna del IVA soportado en la autoliquidación de IVA correspondiente al período impositivo en que la reciba; de esta forma, el cliente moroso será deudor por la cuota del IVA directamente ante la Administración.

Finalmente, hay que tener en cuenta que una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En este caso, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación percibida.

Limitación de pagos en efectivo

Limitación de pagos en efectivo

La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, publicada el 30 de octubre de 2012, en su artículo 7, estableció la prohibición de realizar pagos en efectivo en operaciones por importe igual o superior a 2.500€ o su contravalor en moneda extranjera, siempre que alguno de los intervinientes en esta operación sea empresario o profesional. No será de aplicación esta norma cuando la operación se realice entre particulares.

No obstante, el importe se eleva a 15.000€ o su contravalor en moneda extranjera si el pagador es una persona física que no tenga su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

No es posible evitar la aplicación de la norma mediante el mecanismo de realizar varios pagos inferiores al límite, dado que la norma establece que, a los efectos del cálculo de los límites anteriormente señalados de 2.500,00 y 15.000,00 euros, se sumarán los importes de TODAS las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar una operación.

En cuanto al concepto de pagos en efectivo, a los efectos de esta Ley, se entenderá por medios de pago:

  • El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
  • Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
  • Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.

Infracciones y sanciones

El incumplimiento de esta norma constituye una infracción calificada como grave, cuya sanción consistirá en una multa pecuniaria proporcional del 25% de la cuantía pagada en efectivo. El infractor será tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente el pago.
Se establece una exención de responsabilidad por la comisión de esta infracción a la persona que participe en la operación, denunciándola posteriormente, dentro de los 3 meses siguientes al pago, identificando a la otra parte.

 

 

Tratamiento de los impagos de clientes u otros deudores en el Impuesto de Sociedades


TRATAMIENTO DE LOS IMPAGOS DE CLIENTES U OTROS DEUDORES EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES

 IMPAGOS EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES

La actual  ley del impuesto de sociedades, (ley 27/2014) en su artículo 13.1 regula el tratamiento que recibe en este impuesto la pérdida derivada del impago de los deudores de la empresa.

Este artículo contempla la posibilidad de deducir como gasto en el impuesto, previa imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias el riesgo derivado de la posible insolvencia de deudores de la empresa.

Para poder considerar este concepto  como gasto fiscalmente deducible, es necesario que se den una serie de requisitos, que se establecen en el mismo artículo.  En concreto, a la fecha de devengo del impuesto (31 de diciembre generalmente) ha de darse alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación.
  2. Que el deudor esté declarado en situación de concurso.
  3. Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  4. Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

Cualquiera de estas circunstancias deberá quedar suficientemente justificada a la hora de practicar esta deducción, conservando la documentación acreditativa, a los efectos de poder atender posibles requerimientos  de la Agencia Tributaria. Por otro lado, conviene, en cuanto al requisito previsto en la letra a), realizar al menos un requerimiento de pago al deudor, (que por otro lado será necesario como mínimo para poder deducir las cuotas de IVA  impagadas).

Por otro lado, el artículo contempla algunas situaciones en las que, en cualquier caso, no existe posibilidad de deducción, salvo algunas excepciones contempladas en el mismo precepto:

  • Las correspondientes a créditos adeudados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.
  • Las correspondientes a créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez, en los términos establecidos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
  • Las correspondientes a estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores

En cuanto al tratamiento contable de este gasto, en el momento consideremos que existe riesgo de impago por parte del deudor cargaremos la cuenta 436, (clientes de dudoso cobro)  contra la cuenta 430 (clientes) por el saldo del crédito dudoso.

A continuación, cargaremos, una vez se dé alguna de las  circunstancias previstas en el artículo 13.1 de la ley del impuesto de sociedades,  el importe del crédito impagado a la cuenta 694 (pérdidas por deterioros de créditos comerciales) con abono a la cuenta 490 (deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales)

En el momento en   que el impago resulte definitivo, cargaremos  la cuenta 490 con abono a  la 794 (reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales), por el saldo impagado,  a la vez que cargamos por el mismo importe la cuenta 650 (pérdidas de créditos comerciales incobrables) contra la cuenta 436.

Criterio actual del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación a la deducción del IVA en vehículos de turismo

Criterio actual del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación a la deducción del IVA en vehículos de turismo

 

Deduccion IVA vehiculosEn relación a la cuestión de la deducibilidad del IVA soportado en la adquisición  de vehículos de turismo y sus gastos accesorios, resultó novedosa la Sentencia  del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 24  de marzo  de 2010, en la que el Tribunal trataba la cuestión de si, tal y como defendía la Agencia Tributaria en aplicación del artículo 95 de la ley del IVA, la posibilidad de deducción del IVA soportado en la adquisición de un vehículo de turismo quedaba limitada en principio al 50% de dichas cuotas, o si por el contrario, cabía la posibilidad de deducir, tal y como defendía el contribuyente, el 100 de dichas cuotas.

Tal y como establece el artículo 95 de la ley 37/1992 del IVA, se presume que este tipo de bienes se encuentran afectos a la actividad empresarial o profesional en un 50%, correspondiendo en su caso al contribuyente la justificación de que el grado de afectación es superior, cuando se pretenda una deducción mayor.

El Tribunal, sin embargo analiza la aplicación directa de la Sexta Directiva Comunitaria, y en particular de su artículo 17, considerando que, la transposición realizada de dicha norma por el Estado a través de la Ley del IVA, vulnera dicha norma, ya que la misma no permite establecer este tipo de limitaciones. Por lo tanto, considerando lo anterior, y en aquellos casos en los que quede acreditada cualquier afectación a la actividad, por pequeña que esta sea, cabe la posibilidad de deducir el 100% de las cuotas derivadas de la adquisición, lo que sería extensible a los gastos accesorios a la compra y a los derivados del uso y mantenimiento del vehículo.

 

Con el paso de los años, este criterio, lejos de quedar en una resolución aislada, se ha consolidado en sucesivas Sentencias de nuestro Tribunal Superior.

  • En la sentencia de 16 de febrero de 2012, en la que se debatía sobre la posibilidad de deducir, no ya el 100%, sino tan sólo el 50% de las cuotas soportadas en la adquisición de dos vehículos de turismo por parte de la empresa (un Audi A-3 y un Mercedes SLK) la agencia tributaria había previamente excluido la posibilidad de deducción de cuota alguna, considerando que estos vehículos no estaban afectos a la actividad en ningún porcentaje, pese a la presunción del artículo 95 de la ley  de afectación al 50%. El Tribunal, sin embargo permite la deducción del 50% del Audi A-3  excluyendo la del Mercedes SLK. En el primero de los casos, considera que, “la Administración tributaria (que es a la que incumbe la carga de la prueba, desde el momento en que excluye completamente la deducibilidad de las cuotas de IVA y -por ello- elimina la aplicación de la presunción de que se trata) no ha acreditado la nula afección de estos turismos a la actividad (no siendo suficiente a tal efecto, y por sí sólo, el exclusivo hecho de que el actor cuente con otros vehículos), aunque tampoco el actor ha practicado prueba alguna sobre tal afectación a la actividad. Siendo ello así, y no habiéndose aportado prueba por ninguna de las partes al respecto, habrá de concluirse con la deducibilidad de estas cuotas de IVA en el 50%.”

 En el caso del Mercedes SLK, el Tribunal excluye la posibilidad de deducción de cuota alguna  fundamentando su negativa, tanto en las especiales características del vehículo, como en el hecho de que ni siquiera se había demostrado que el vehículo fuera propiedad de la empresa.

  • En la Sentencia de 25 de octubre de 2012, el Tribunal vuelve a analizar la misma cuestión, pero reitera la necesidad de que el contribuyente pruebe la afectación del vehículo a la actividad ya que lo que se discutía en este caso no era el grado de afectación, sino que la Administración negaba en este caso que el vehículo estuviera afecto en ningún caso a la actividad empresarial  En esta sentencia, que desestima el recurso,  el Tribunal señala: la cuestión controvertida es sustancialmente una cuestión de hecho, lo que exige al recurrente, como se acaba de exponer, la demostración, a través de los distintos medios probatorios, de que el vehículo se encuentra en exclusiva afecto a su actividad económica. En la labor que a este Tribunal incumbe de valorar en su conjunto y, con arreglo a las normas de la sana crítica, las pruebas practicadas, debemos de concluir que no resulta acreditada la dedicación exclusiva del automóvil del que es titular el actor a la actividad de la mercantil. En efecto, en el folio 9 del expediente se indica por el representante de la mercantil, que el vehículo se ha considerado afecto a la actividad en proporción del 50%. En las alegaciones que se formulan a la propuesta de liquidación (folios 53 y ss), la administradora de la mercantil, se indica que es necesario bajar en coche a Marruecos, pero no aporta un solo documento que ratifique dicha afirmación, como podría ser resguardos de gasolina, peajes, etc. Pues una cosa es que la mercantil recurrente precise de un vehículo para desarrollar su actividad, y por tal circunstancia la Ley le presume una afectación al 50%, y otra, que no se haya acreditado siquiera esa afectación. Consecuentemente, y desde esta perspectiva, hemos de concluir que el recurrente no ha desarrollado esfuerzo probatorio alguno. Por lo expuesto, se desestima el motivo.”
  • Ese mismo mes, en una Sentencia anterior, de 11 de octubre de 2012, el Tribunal había resuelto otro caso en el que se analizaba la misma cuestión, pero en este caso no existía duda alguna de la afectación del vehículo, dudándose únicamente del grado concreto de afectación del mismo. En este supuesto, el Tribunal reitera lo indicado  en la Sentencia de 14 de abril de 2010, señalando que la legislación española en este punto, (artículo 95) contradice lo indicado por el artículo 17 de  la Sexta  Directiva Comunitaria  que no permite este tipo de limitaciones da derecho a deducir. Por lo tanto, centrándose el debate, no en si el vehículo se utilizaba en algún grado en la empresa (cosa que la Administración Tributaria  no discute admitiendo la posibilidad de deducir el 50% de las cuotas de IVA) sino en si el grado de deducción debe ser del 50% o uno superior, el criterio del Tribunal se mantiene en el establecido en la Sentencia de 14 de abril de 2010, permitiendo la deducción del 100%. Señala el Tribunal:

“Consecuentemente con todo lo anterior, y sin necesidad siquiera de tener que proceder a determinar si la afección del turismo a la actividad profesional del actor es o no exclusiva (ya hemos visto que es suficiente con que sea efectiva, aunque lo fuere de manera parcial o limitada), habrá de concluirse con la estimación del recurso…”. 

Este mismo criterio se reitera en sucesivas Sentencias, como la de  24 de abril de 2013, que reitera el criterio establecido en la Sentencia de 24 de marzo de 2010, permitiendo la deducción del 100% de las cuotas, siendo el objeto de la discusión, no ya la afectación del vehículo  la actividad, sino el grado exacto de afectación.

A modo de conclusión, podemos afirmar que, cuando lo que discute la Administración  es únicamente la posibilidad de deducir el 100% de las cuotas de IVA soportadas en la adquisición del vehículo, alegando la limitación del artículo 95 de la ley del IVA y por lo tanto la limitación al 50% de la posibilidad de deducción, el criterio del Tribunal es reiterado y constante en afirmar que tal limitación contradice a la Sexta Directiva Comunitaria, por lo que no es conforme a Derecho, permitiendo por lo tanto la deducción del 100% de las cuotas de IVA soportado.

No mantiene este mismo criterio cuando el objeto de discusión no es este, sino  si el vehículo se encuentra o no afecto a la actividad, es decir, en aquellos supuestos en los que lo que se discute  es la introducción fraudulenta en la empresa de vehículos particulares a los efectos de utilizarlos  con fines defraudatorios.  Este último supuesto  reconduce cada caso concreto a la prueba que pueda desplegarse sobre la afectación real del vehículo. Existen supuestos especialmente problemáticos, como la existencia de un número elevado de vehículos en la empresa, vehículos deportivos o  de alta gama, vehículos en los que no se discrimina el grado de afectación mediante las correspondientes retribuciones en especie para sus usuarios (en los casos de afectación parcial). En estos supuestos, la concreta prueba de su utilización para fines empresariales resulta necesaria, pues de otro modo puede no operar siquiera la presunción de afectación al 50%, tal y como establece el Tribunal.

Obviamente, siempre es necesario recordar, cuando nos remitimos a criterios Jurisprudenciales, que se trata de supuestos en los que existe discusión por parte de la Administración Tributaria, la cual mantiene sus propios criterios, lo que obliga en cada caso a interponer los correspondientes recursos, que finalmente, y en caso de que el Tribunal mantenga este criterio, tendrían altas posibilidades de prosperar en los términos expuestos. Por otro lado, aplicar el criterio, ya constante, del Tribunal debe permitir, en aplicación del artículo 179.1.d de la Ley General Tributaria, excluir la posibilidad de aplicación de sanciones tributarias, al haberse puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, habiendo aplicado el contribuyente un criterio de interpretación razonable, como es el establecido por nuestro Tribunal Superior de Justicia.

IVA: INVERSION DEL SUJETO PASIVO EN EJECUCIONES DE OBRAS


IVA: INVERSION DEL SUJETO PASIVO EN EJECUCIONES DE OBRAS

IVA INVERSION DEL SUJETO PASIVO EN EJECUCIONES DE OBRASA partir de la entrada en vigor de la ley 7/2012, (31 de octubre de 2012) de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, se introdujo  un nuevo supuesto de la denominada inversión del sujeto pasivo, que afecta  a las ejecuciones de obras inmobiliarias que sean consecuencia de contratos directamente formalizados entre promotor y contratista, cumpliendo determinados requisitos.

 A partir de esta reforma, en estos supuestos, será el destinatario de la factura, y no el empresario que realiza la obra, quien deberá “autorrepercutirse” el IVA correspondiente a esta operación, declarándolo en su autoliquidación de IVA correspondiente, tanto en concepto de  IVA repercutido (por inversión del sujeto pasivo) como en el apartado de IVA soportado.

 En cuanto al empresario que realiza la obra, no deberá repercutir IVA alguno en su autoliquidación de IVA, limitándose a consignar en la misma la mención a que se trata de una operación  realizada con inversión del sujeto pasivo de IVA por aplicación del artículo 84.uno.2º.f de la ley 37/1992.

  ¿A qué operaciones afecta este mecanismo?

El artículo 84.uno.2.f de la ley 37/1992 del IVA señala que la inversión del sujeto pasivo afecta a las siguientes operaciones:

 “Ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación cuando los destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas en las condiciones señaladas.”

 Para una mejor comprensión de este artículo, conviene concretar los supuestos de aplicación, tanto desde el punto de vista del tipo de operaciones a que viene referido, como de los sujetos a los que afecta:

  1. EN RELACIÓN AL TIPO DE OPERACIÓN:

La inversión del sujeto pasivo afecta a las ejecuciones de obra con o sin aportación de materiales, realizadas entre promotor y contratista, o entre contratista principal y otros subcontratistas. No se refiere por lo tanto la norma a las simples entregas de materiales, aunque sí si dicha entrega se realiza conjuntamente con una ejecución de obra.

 Por otro lado, para que resulte de aplicación esta inversión del sujeto pasivo, ha de tratarse de obras que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones. También resultará de aplicación al supuesto de cesiones de personal entre empresas para la realización de este tipo de obras.

No es necesario que la operación en concreto implique necesariamente la completa realización de las operaciones anteriores, sino tan solo una parte de ellas. Tal y como señala la Dirección General de Tributos en la consulta vinculante V2583-12 de 27 de diciembre,

“Lo relevante es que la ejecución de obra llevada a cabo en su conjunto por todos ellos tenga esta consideración, sin que haya que atender a que cada una de las ejecuciones de obra llevadas a cabo por cada uno de los contratistas o subcontratistas sea aisladamente consideradas como de urbanización, construcción o rehabilitación.”

La ley del IVA o los criterios de interpretación de la Dirección General de Tributos  contienen sus propias definiciones  en relación a estos conceptos, a las que habrá que estar para determinar  si nos encontramos o no ante una operación  sometida a inversión del sujeto pasivo:

1.1) En cuanto al concepto de obras de urbanización, La Dirección General de Tributos considera obras de urbanización de terrenos

“Todas las actuaciones que se realizan para dotar a dicho terreno de los elementos previstos por la legislación urbanística, como acceso rodado, abastecimiento y evacuación de agua, suministro de energía eléctrica, etc., para servir a la edificación que sobre ellos exista o vaya a existir, ya sea para viviendas, otros locales o edificaciones de carácter industrial.”

1.2) En cuanto al concepto de edificación , el artículo 6 de la ley del IVA define este término como

“Las construcciones unidas permanentemente al suelo o a otros inmuebles, efectuadas tanto sobre la superficie como en el subsuelo, que sean susceptibles de utilización autónoma e independiente.

En particular, tendrán la consideración de edificaciones las construcciones que a continuación se relacionan, siempre que estén unidas a un inmueble de una manera fija, de suerte que no puedan separarse de él sin quebranto de la materia ni deterioro del objeto:

  1. Los edificios, considerándose como tales toda construcción permanente, separada e independiente, concebida para ser utilizada como vivienda o para servir al desarrollo de una actividad económica.
  2. Las instalaciones industriales no habitables, tales como diques, tanques o cargaderos.
  3. Las plataformas para exploración y explotación de hidrocarburos.
  4. Los puertos, aeropuertos y mercados. Las instalaciones de recreo y deportivas que no sean accesorias de otras edificaciones.
  5. Los caminos, canales de navegación, líneas de ferrocarril, carreteras, autopistas y demás vías de comunicación, terrestres o fluviales, así como los puentes o viaductos y túneles relativos a las mismas.
  6. Las instalaciones fijas de transporte por cable.
  7. No tendrán la consideración de edificaciones exclusivamente las siguientes:
  8. Las construcciones accesorias de explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca aunque el titular de la explotación, sus familiares o las personas que con él trabajen tengan en ellas su vivienda.
  9. Los objetos de uso y ornamentación, tales como máquinas, instrumentos y utensilios y demás inmuebles por destino a que se refiere el artículo 334, números 4 y 5 del Código Civil: Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación, colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo, y las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca a la industria o explotación que se realice en un edificio o heredad, y que directamente concurran a satisfacer las necesidades de la explotación misma.
  10. Las minas, canteras o escoriales, pozos de petróleo o de gas u otros lugares de extracción de productos naturales.

 

 1.3) En tercer lugar, el concepto rehabilitación viene definido en el artículo Uno.22º  de la ley del IVA que considera obras de rehabilitación de edificaciones las que reúnan los siguientes requisitos:

a-) Que su objeto principal sea la reconstrucción de las mismas, entendiéndose cumplido este requisito cuando más del 50 por ciento del coste total del proyecto de rehabilitación se corresponda con obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas o con obras análogas o conexas a las de rehabilitación.

b-) Que el coste total de las obras a que se refiera el proyecto exceda del 25 por ciento del precio de adquisición de la edificación si se hubiese efectuado aquélla durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la edificación o parte de la misma en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de la edificación la parte proporcional correspondiente al suelo.

Se considerarán obras análogas a las de rehabilitación las siguientes:

  • Las de adecuación estructural que proporcionen a la edificación condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica.
  • Las de refuerzo o adecuación de la cimentación así como las que afecten o consistan en el tratamiento de pilares o forjados.
  • Las de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo rasante.
  • Las de reconstrucción de fachadas y patios interiores.
  • Las de instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras arquitectónicas para su uso por discapacitados.

Se considerarán obras conexas a las de rehabilitaciónlas que se citan a continuación cuando su coste total sea inferior al derivado de las obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas y, en su caso, de las obras análogas a éstas, siempre que estén vinculadas a ellas de forma indisociable y no consistan en el mero acabado u ornato de la edificación ni en el simple mantenimiento o pintura de la fachada:

  • Las obras de albañilería, fontanería y carpintería.
  • Las destinadas a la mejora y adecuación de cerramientos, instalaciones eléctricas, agua y climatización y protección contra incendios.
  • Las obras de rehabilitación energética.

Se considerarán obras de rehabilitación energética, las destinadas a la mejora del comportamiento energético de las edificaciones reduciendo su demanda energética, al aumento del rendimiento de los sistemas e instalaciones térmicas o a la incorporación de equipos que utilicen fuentes de energía renovables.

  1. EN RELACIÓN A LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA

 La inversión del sujeto pasivo opera tanto en los contratos celebrados entre promotor y contratista, como en los que se celebren entre contratista principal y otros subcontratistas, cuando se cumplan los requisitos para su aplicación. Por tanto, la inversión del sujeto pasivo se aplicará a toda la cadena de intervinientes en las ejecuciones de obra.

Es importante destacar que para que se produzca este mecanismo de inversión del sujeto pasivo, el destinatario de la operación ha de ser empresario o profesional. En el caso de obras para Administraciones Públicas, hay que tener en cuenta que con carácter general, éstas no actúan con carácter empresarial.